La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá anuló este miércoles la sanción impuesta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por el Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá el pasado 16 de diciembre de 2024. La sanción estaba relacionada con un supuesto incumplimiento de la Sentencia T-343 de 2022 de la Corte Constitucional, que ordenaba la erradicación del uso del pesticida Clorpirifós en el país.
El Tribunal determinó que Jaramillo sí tomó las medidas necesarias para prevenir y controlar intoxicaciones relacionadas con el uso de Clorpirifós. Además, acreditó que el Ministerio de Salud coordinó acciones con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional.
El origen del proceso
En 2022, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-343, que exigía el retiro del mercado de cualquier producto que contuviera Clorpirifós, un compuesto químico asociado con riesgos para la salud. Según la sentencia, el ICA debía implementar un plan para erradicar el pesticida en un plazo máximo de seis meses, mientras el Ministerio de Salud debía acompañar el proceso para prevenir sus impactos negativos.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Bogotá consideró inicialmente que el Ministerio de Salud no había realizado un acompañamiento efectivo al ICA, lo que motivó la sanción contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, el Tribunal Superior concluyó que esta decisión no era válida, ya que las acciones realizadas por el ministro y su equipo sí cumplieron con lo estipulado por la Corte.
Decisión del Tribunal
El fallo del Tribunal Superior revocó la sanción argumentando que el Ministerio de Salud demostró haber tomado las medidas necesarias para proteger la salud pública y garantizar la transición hacia la sustitución del Clorpirifós. Entre estas medidas, se destacó la coordinación con el ICA y la implementación de estrategias de prevención de intoxicaciones.
La decisión refuerza la importancia de una coordinación efectiva entre las entidades responsables y respalda la gestión del ministro Jaramillo en el cumplimiento de los fallos judiciales. Por su parte, el ICA deberá continuar con las acciones necesarias para retirar definitivamente el compuesto químico del mercado y garantizar alternativas seguras para el sector agrícola.
Esta resolución cierra un capítulo polémico sobre el uso de pesticidas en Colombia, subrayando la necesidad de políticas públicas alineadas con la protección de la salud y el medio ambiente.
