Bogotá D.C. – Millones de colombianos que enfrentan deudas pueden estar más tranquilos. La legislación vigente establece límites claros a las acciones de cobro por parte de bancos y empresas de cobranza, evitando prácticas abusivas que afecten la calidad de vida de los consumidores.
El impacto emocional, psicológico y social que pueden tener ciertas formas de cobro —como llamadas insistentes a cualquier hora, amenazas o contacto con terceros ajenos a la deuda— llevó a que se incluyeran regulaciones específicas para proteger a los usuarios del sistema financiero.
Según la ley, los proveedores de servicios financieros y las firmas encargadas del recaudo deben cumplir con normas que regulan los horarios de contacto, la frecuencia de las llamadas, el lenguaje utilizado y el respeto a la intimidad y dignidad de la persona deudora.
Estas medidas, impulsadas desde la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y Comercio, buscan garantizar un equilibrio entre el derecho legítimo al cobro y el respeto por los derechos fundamentales del consumidor financiero.
Las autoridades invitan a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad o acoso por parte de entidades cobradoras, recordando que existen canales oficiales para este tipo de quejas.
