Bogotá, 26 de noviembre de 2025. – En una decisión judicial de alto impacto político, la Fiscalía General de la Nación oficializó hoy su intención de imputar cargos y solicitar medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Luis Fernando Velasco (exministro del Interior) y Ricardo Bonilla (exministro de Hacienda).
Los hechos
El ente acusador radicó formalmente ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencia. Según la investigación, los exfuncionarios del gobierno Petro estarían vinculados al entramado de corrupción gestado al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía les imputará tres delitos graves:
- Concierto para delinquir agravado.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Cohecho por dar u ofrecer.
El argumento de la Fiscalía
El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia sostiene que existe material probatorio suficiente para inferir que los exministros participaron en una presunta compra de apoyos en el Congreso. La hipótesis apunta a que se direccionaron contratos de la UNGRD para beneficiar a congresistas a cambio de votos clave para la aprobación de proyectos gubernamentales y cupos de endeudamiento.
La Fiscalía ha sido enfática en que pedirá cárcel (medida intramural) al considerar que la gravedad de los hechos y el perfil de los involucrados ameritan una medida de aseguramiento preventiva mientras avanza el juicio.
Reacciones y contexto
Este movimiento judicial se produce tras las declaraciones y pruebas aportadas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la entidad y principales testigos del caso, quienes han señalado directamente a la cúpula ministerial de haber ordenado los movimientos irregulares de dinero.
Por su parte, las defensas de Bonilla y Velasco han manifestado en ocasiones anteriores su disposición de comparecer ante la justicia, alegando inocencia frente a los señalamientos de los testigos.
