BOGOTÁ — Este 2 de noviembre de 2026 se cumplen 31 años del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los hechos más impactantes y dolorosos de la historia política reciente de Colombia. Abogado, periodista, diplomático, constituyente y figura clave de la oposición al gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, su muerte sigue marcando un profundo vacío en la búsqueda de verdad y justicia para el país.
El crimen ocurrió en el norte de Bogotá, cuando Gómez Hurtado salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda, donde ejercía como docente. A lo largo de más de tres décadas, las investigaciones han estado rodeadas de múltiples hipótesis, sombras institucionales y complejas disputas jurídicas.
Hitos clave en el camino judicial
El caso ha transitado por distintas instancias de la justicia colombiana en busca de respuestas que logren esclarecer plenamente los hechos y dar con todos los determinadores y ejecutores:
Declaratoria de Lesa Humanidad (2017): Tras años de advertir sobre riesgos de impunidad y el vencimiento de términos, la Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio como un delito de lesa humanidad, estableciendo que no prescribiría y que se trató de un ataque sistemático.
Traslado a la JEP (2020): Desde ese año, el proceso pasó a ser competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que varios excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC reconocieran su participación en el magnicidio, abriendo un nuevo escenario de contrastación de versiones y verdad restaurativa.
Una deuda histórica
A pesar de los avances institucionales y de los pronunciamientos en el marco de la justicia transicional, a 31 años de su asesinato, las familias, la academia y diversos sectores políticos coinciden en que el esclarecimiento integral de los hechos y la identificación total de los responsables continúan siendo una deuda pendiente.
El legado de Álvaro Gómez Hurtado, recordado tanto por su pluma incisiva como por su visión de Estado y su rol como co-convitante de la Constitución de 1991, sigue vivo en la memoria nacional, mientras la sociedad colombiana continúa esperando que la justicia esclarezca por completo uno de los capítulos más oscuros de su democracia.
