Foto: Ecos.
-Corte Constitucional avaló decreto de emergencia económica tras sismo y le otorgó un plazo perentorio de veinte días hábiles al Ministerio de Hacienda para recalcular los costos financieros reales.
-La providencia condicionó los dineros públicos para que se empleen de forma exclusiva en la reconstrucción.
-Prohibió de manera expresa destinar estos fondos extraordinarios para solventar problemas fiscales previos o administrativos.
Bogotá, D. C, 13 de noviembre 2026.
Por Mario Sánchez Torifio. – Una decisión trascendental en materia jurisprudencial adoptó la Sala Plena de la Corte Constitucional al declarar exequible el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, medida decretada por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella a raíz del devastador sismo de magnitud 7,4 y que afecto varias regiones del país, principalmente El Chocó, eje cafetero, el Valle, entre otras localidades.
El pronunciamiento institucional busca ofrecer un marco de acción jurídica ágil para las zonas del país más golpeadas. No obstante, el respaldo a las facultades extraordinarias del Ejecutivo, por parte del alto tribunal, fija un candado estricto para garantizar la transparencia en el manejo del presupuesto nacional.
La providencia condicionó los dineros públicos para que se empleen de forma exclusiva en la reconstrucción.
La corporación determinó que los recursos recaudados o asignados, bajo esa figura, deberán emplearse únicamente en la mitigación de los daños. Con ello se busca impedir cualquier uso desvinculado a la tragedia humanitaria y a la infraestructura.
Ayuda directa a damnificados
En el ámbito territorial, la providencia estableció que las herramientas de excepción operarán exclusivamente en los municipios que cuenten con reportes oficiales de afectación. Esta directriz emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres busca focalizar el apoyo estatal para asegurar que la ayuda llegue de manera directa a los damnificados y a las áreas que verdaderamente lo necesiten. La providencia condicionó los dineros públicos para que se empleen de forma exclusiva en la reconstrucción, destaca una de las características del fallo de la Corte Constitucional.
Asimismo, la Corte le otorgó un plazo perentorio de veinte días hábiles al Ministerio de Hacienda para recalcular los costos financieros reales de la emergencia. Este ejercicio técnico permitirá ajustar las adiciones presupuestales con absoluta precisión y evitar desbordamientos fiscales. De este modo se equilibra la atención urgente con la responsabilidad macroeconómica del Estado.
El tribunal exhortó a la administración central a estructurar un plan plurianual de recuperación que garantice un seguimiento riguroso por parte de los órganos de control.
Esta planificación a largo plazo pretende blindar el proceso de reconstrucción frente a posibles irregularidades y optimizar la inversión.
El fallo de la Corte Constitucional, marca un hito en el control constitucional en cuanto a medidas excepcionales ante catástrofes naturales.
